Una lucha de la manera como las drogas están a tono
Antes de marketing empresa farmacéutica llamada de un médico, que hacen su tarea. Estos vendedores suelen estudiar minuciosamente los perfiles electrónicos comprados a los corredores de datos, expedientes que detallan las marcas y cantidades de drogas a un médico particular, ha señalado. Se trata de una práctica de marketing que algunos profesionales de la salud han llegado a odiar.
"Es de datos muy potente y es fácil entender por qué las compañías farmacéuticas que quieren", dijo el Dr. Norman S. Ward, un médico de familia en Burlington, Vermont "Si se conocen los patrones de prescripción de los médicos, podría ser muy poderosa en la información tratando de influir en su comportamiento - como, ¿por qué prescribir una gran cantidad de medicamento que mi competidor y no mío "?
Comercialización a los médicos con los registros de recetas que llevan sus nombres es una práctica cada vez más conflictivas, con tres estados, Maine, New Hampshire y Vermont, en la vanguardia de la promulgación de leyes para limitar los usos de los registros de una receta médica para su comercialización.
El martes, la Corte Suprema escuchará los argumentos en un caso, Sorrell contra IMS Health, que pone a prueba si el derecho de confidencialidad de prescripción de Vermont viola las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda.
El caso está siendo seguido de cerca no sólo por los fabricantes de medicamentos y las empresas de recolección de datos, sino también por los reguladores de salud, médicos y defensores de los consumidores que dicen que la decisión tendrá profundas implicaciones para el control de los médicos sobre sus historias con receta y de privacidad de la información, decisión médica de decisiones y los costos de salud.
El fiscal general de Vermont, William H. Sorrell, pidió al tribunal que revise el caso después de tres empresas líderes de la recolección de datos incluyendo IMS Health, una compañía de información de salud, y la Investigación Farmacéutica y Fabricantes de América, un grupo comercial de la industria farmacéutica, desafió la ley estatal . Aunque el tribunal de distrito federal en Vermont originalmente estimó la ley, un tribunal de apelaciones revocó la decisión en noviembre pasado.
El gobierno federal, los fiscales generales de los estados de varias decenas, AARP, asociaciones de profesionales médicos, grupos de privacidad y el New England Journal of Medicine han presentado escritos en apoyo de la ley de Vermont. La Asociación Nacional de Farmacias de la cadena, la Asociación de Anunciantes Nacionales y las organizaciones de noticias como Bloomberg y The Associated Press han presentado escritos de alinearse con las empresas de datos.
La preocupación sobre la comercialización sobre la base de registros de prescripciones específicas médico-gira en torno al argumento de que hace uso comercial de las decisiones privadas de tratamiento de salud - iniciado en las consultas no pública entre médico y paciente, y terminó en las operaciones reguladas por el gobierno con los farmacéuticos.
Los datos se ha vuelto más disponibles, porque las farmacias, que están obligados por ley a recoger y mantener archivos de información sobre cada receta, se pueden vender discos que contiene el nombre del médico y la dirección, junto con el importe de los medicamentos prescritos, a los corredores de datos. (Los números de teléfono son despojados de los nombres de los pacientes y algunos otros detalles personales cubiertos por la Health Insurance Portability and Accountability Act, conocida como HIPAA, las leyes federales que rigen la privacidad del paciente.) Los agentes de los datos a su vez agregados los registros de su uso en investigación y comercialización .
Los fabricantes de medicamentos gastó cerca de 6,3 mil millones dólares para las visitas de comercialización a los médicos en 2009, último año de que estas cifras estaban disponibles, de acuerdo con IMS Health. El acceso a la historia de una receta médica, los fabricantes de medicamentos por ejemplo, ayuda a garantizar que la información sobre las últimas opciones de medicamentos con receta alcanza rápidamente los especialistas que tratan a condiciones particulares.
Sin embargo, algunos reguladores federales y sociedades médicas sostienen que los fabricantes de medicamentos son simplemente la extracción de datos para identificar y perseguir a los médicos que serían más propensos a recetar más tardar, los medicamentos de marca más caros - elevando los costos de atención médica y exponer a los pacientes a las nuevas medicamentos cuyos efectos secundarios aún no es totalmente conocida.
Vermont promulgó su ley de confidencialidad de la prescripción con la idea de que los fabricantes de medicamentos no tienen un derecho inherente a la información de un médico receta identificables para uso en la comercialización porque los datos de origen en muy regulado por el gobierno, las operaciones de atención de salud pública, dijo Sorrell, de Vermont fiscal general.
"¿El 'Ajax Incorporated' tienen el derecho constitucional sin restricciones a los datos con fines comerciales," El señor Sorrell dijo, "o ¿es legítimo dar el médico que está escribiendo la receta pudieran pronunciarse sobre si esa información se debe utilizar para la comercialización? "
Aunque la ley estatal no inhibe los representantes de ventas por productos farmacéuticos de comercialización a los médicos en sus oficinas, dijo, se dan a los médicos el derecho de dar su consentimiento antes de su información de prescripción pueden ser vendidos y utilizados para la comercialización. Si un médico no está de acuerdo, dijo, las farmacias deben eliminar o cifrar el nombre del médico, tal como lo hacen los pacientes, antes de que vendan este tipo de registro para uso promocional.
Incluso si la Corte Suprema de Justicia declarase que la ley viola la libertad de expresión, el Sr. agregó Sorrell, los jueces podría cumplir la ley en razón de que el Estado tiene un interés legítimo en la contención de los mayores costos médicos y los riesgos de seguridad que pueden ser asociadas a las nuevas drogas.
Sin embargo, representantes de la industria sostienen que Vermont no se debe permitir que quedarse con la mejor determinados usos aprobados para los registros en cuestión, mientras que restringen los que entran en conflicto con lo que los opositores de la ley dicen que es la agenda de aparente del estado: la promoción de los medicamentos genéricos menos costosos, en un esfuerzo para reducir la salud los costos de atención.
Vermont permite a los registros que se utilizan en la investigación y aplicación de la ley, dijo Thomas C. Goldstein, un abogado que representa a IMS Health. Además, dijo, los fabricantes de medicamentos están autorizados a comprar los discos mismos para que puedan identificar a los médicos cuyos pacientes podrían ser buenos candidatos para los ensayos clínicos o comunicar las actualizaciones de seguridad de medicamentos.
"La única excepción es que las compañías farmacéuticas no pueden usar los datos para luchar contra las aseguradoras y los mensajes del estado acerca de sus productos", argumentó el Sr. Goldstein.
Añadió que las farmacias obtener la información a través de transacciones de negocios que no son diferentes a cualquier otro, por lo que el médico no registra más privado que las cotizaciones de bolsa o los precios de los productos básicos.
"Es todos los datos," dijo, "y todo es protegida por la Primera Enmienda."
Por otra parte, estas leyes reducen la capacidad de los fabricantes de medicamentos para comunicarse rápidamente con especialistas sobre los nuevos medicamentos para las enfermedades raras, una situación que podría hacer que sea prohibitivo para, por ejemplo, una pequeña compañía de biotecnología con una pequeña fuerza de ventas para comercializar un medicamento de gran avance, dijo Randy Frankel, el vicepresidente de asuntos externos en IMS Health.
"Sin los datos, es posible que visite 1.000 médicos para identificar los 10 pacientes que podrían beneficiarse más", dijo Frankel. "Con los datos, se iría a los 10."
Sin embargo, algunos defensores del consumidor dicen que el verdadero problema del asunto es la confidencialidad de la información que la gente presente en las operaciones reguladas por el gobierno que de otra manera no haría pública.
"Si el tribunal no va a proteger a los registros de salud personal y confidencial", dijo Wells Wilkinson, un abogado personal de Community Catalyst, un grupo sin fines de lucro que presentó un escrito en apoyo de Vermont, "¿cómo podría cualquier transacción de los consumidores estar protegido?"
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A Fight Over How Drugs Are Pitched
Before pharmaceutical company marketers call on a doctor, they do their homework. These salespeople typically pore over electronic profiles bought from data brokers, dossiers that detail the brands and amounts of drugs a particular doctor has prescribed. It is a marketing practice that some health care professionals have come to hate.
“It’s very powerful data and it’s easy to understand why drug companies want it,” said Dr. Norman S. Ward, a family physician in Burlington, Vt. “If they know the prescribing patterns of physicians, it could be very powerful information in trying to sway their behavior — like, why are you prescribing a lot of my competitor’s drug and not mine?”
Marketing to doctors using prescription records bearing their names is an increasingly contentious practice, with three states, Maine, New Hampshire and Vermont, in the vanguard of enacting laws to limit the uses of a doctor’s prescription records for marketing.
On Tuesday, the Supreme Court will hear arguments in a case, Sorrell v. IMS Health, that tests whether Vermont’s prescription confidentiality law violates the free speech protections of the First Amendment.
The case is being closely watched not only by drug makers and data collection firms, but also by health regulators, doctors and consumer advocates who say the decision will have profound implications for doctors’ control over their prescription histories, and for information privacy, medical decision-making and health care costs.
Vermont’s attorney general, William H. Sorrell, petitioned the court to review the case after three leading data collection firms including IMS Health, a health information company, and the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, a drug industry trade group, challenged the state statute. Although the federal district court in Vermont originally upheld the law, an appellate court reversed the decision last November.
The federal government, the attorneys general of several dozen states, AARP, professional medical associations, privacy groups and the New England Journal of Medicine have filed briefs in support of Vermont’s law. The National Association of Chain Drugstores, the Association of National Advertisers and news organizations like Bloomberg and The Associated Press have filed briefs aligning themselves with the data firms.
The concern over marketing based on doctor-specific prescription records revolves around the argument that it makes commercial use of private health treatment decisions — initiated in nonpublic consultations between doctor and patient, and completed in government-regulated transactions with pharmacists.
The data has become more available because pharmacies, which are required by law to collect and maintain detailed files about each prescription filled, can sell records containing a doctor’s name and address, along with the amount of the drug prescribed, to data brokers. (The records are shorn of patient names and certain other personal details covered by the Health Insurance Portability and Accountability Act, known as H.I.P.A.A., the federal legislation governing a patient’s privacy.) Data brokers in turn aggregate the records for use in medical research and marketing.
Drug makers spent about $6.3 billion on marketing visits to doctors in 2009, the last year that such figures were available, according to IMS Health. Access to a doctor’s prescription history, drug makers say, helps ensure that information about the latest prescription drug options quickly reaches specialists who treat particular conditions.
But some federal regulators and medical societies argue that drug makers are simply mining the data to identify and go after the doctors who would be most likely to prescribe the latest, most expensive brand-name medicines — driving up health care costs and exposing patients to newer drugs whose side effects may not yet be fully known.
Vermont enacted its prescription confidentiality law with the idea that drug makers do not have an inherent right to a doctor’s identifiable prescription information for use in marketing because the data originated in highly government-regulated, nonpublic health care transactions, said Mr. Sorrell, the Vermont attorney general.
“Does ‘Ajax Incorporated’ have a constitutional unfettered right to the data for commercial purposes,” Mr. Sorrell said, “or is it legitimate to give the doctor who is writing the prescription a say over whether that information should be used for marketing?”
Although the state law does not inhibit pharmaceutical sales representatives from marketing to doctors in their offices, he said, it does give doctors the right to consent before their prescribing information may be sold and used for marketing. If a doctor does not agree, he said, pharmacies must remove or encrypt the doctor’s name, just as they do for patients, before they sell this type of record for promotional use.
Even if the Supreme Court were to find that the law infringes on free speech, Mr. Sorrell added, the justices could still uphold the law on the grounds that the state has a legitimate interest in containing the higher medical costs and safety risks that can be associated with the newest drugs.
But industry representatives contend that Vermont should not be allowed to cherry-pick certain approved uses for the records in question while restricting those that conflict with what the law’s opponents say is the state’s apparent agenda: promoting less expensive generic drugs in an effort to lower health care costs.
Vermont allows those records to be used in research and by law enforcement, said Thomas C. Goldstein, a lawyer representing IMS Health. Moreover, he said, drug makers are allowed to buy the very same records so they can identify doctors whose patients might be good candidates for clinical trials or communicate drug safety updates.
“The one exception is that drug companies cannot use the data to combat the insurers’ and the state’s messages about their products,” Mr. Goldstein argued.
He added that pharmacies obtain the information through business transactions that are no different than any other, making the physician records no more private than stock quotes or commodity prices.
“It’s all data,” he said, “and it’s all protected by the First Amendment.”
Moreover, such laws reduce the ability of drug makers to quickly communicate with specialists about new drugs for rare diseases, a situation that could make it prohibitive for, say, a small biotechnology company with a tiny sales force to market a breakthrough medication, said Randy Frankel, the vice president for external affairs at IMS Health.
“Without the data, you might visit 1,000 physicians to identify the 10 whose patients might most benefit,” Mr. Frankel said. “With the data, you would go to the 10.”
But some consumer advocates say the real issue in the case is the confidentiality of information that people submit in government-regulated transactions that they would not otherwise make public.
“If the court is not going to protect personal and confidential health records,” said Wells Wilkinson, a staff lawyer at Community Catalyst, a nonprofit group that filed a brief in support of Vermont, “how could any consumer transaction be protected?”
