clínica privada en San Sebastián - 35.000 euro por realizar una infiltración que agravó una dolencia cervical.
Un juez donostiarra considera que el tratamiento se efectuó sin haberse acreditado la urgencia del mismo.
06.01.13 - 02:11 - MARÍA JOSÉ CARRERO
BILBAO.
Una clínica privada de San Sebastián tiene que abonar 35.500 euros a un vecino de Tolosa, Jesús María A. I., por agravarle una dolencia cervical al realizarle una infiltración sin haberle hecho antes una prueba diagnóstica. Así lo ha decidido el Juzgado de Primera Instancia número 8 de la capital donostiarra que ha sentenciado el caso.
En agosto de 2010, al paciente le fueron detectadas dos hernias discales en la zona lumbar en un centro concertado por Osakidetza. Debido a los fuertes dolores que sufrió durante meses, en enero de 2011, acudió a una consulta de la capital donostiarra para informarse de los nuevos tratamientos con ozonoterapia y descomprensión vertebral que publicitaban.
El especialista en columna vertebral que le atendió encargó una serie de radiografías y resonancias magnéticas al considerar que la aportada por el enfermo no era de buena calidad. Además, le ofreció someterse en ese mismo momento a una infiltración lumbar y a una segunda, esta gratuita, en las cervicales.
Según el relato judicial, el médico realizó la punción sin haber realizado antes «ninguna preparación, prueba complementaria, sin informar de riesgos y sin disponer del consentimiento informado». En la demanda planteada por el despacho de abogados Gómez Menchaca, se señala que Jesús María A. I. sintió como «una descarga de miles de voltios» en cuanto le introdujeron la aguja y que el insoportable dolor persistió tras el pinchazo.
A continuación, el hombre permaneció una hora en observación. En este tiempo, el facultativo, un reconocido cirujano de columna, comprobó sus reflejos y consideró que lo ocurrido podía deberse a la «estrechez» del canal cervical. Tras abonar 150 euros por la consulta y 300 por la punción, el paciente se fue a su casa «con dificultad para andar y con dolores en brazos y piernas».
Al día siguiente, volvió al hospital privado, pero solo logró hablar por teléfono con el facultativo, quien le aconsejó subir la dosis de la medicación que estaba tomando para atenuar el dolor. Dos días después, regresó a la consulta con unas nuevas radiografías. El médico insistió en que tenía estrecho el canal cervical y le recomendó una resonancia magnética. A partir de ese momento, el paciente acudió exclusivamente a Osakidetza, donde le realizaron esta prueba y otra radiografía. De forma paralela, decidió pleitear con la clínica privada, al considerar que el estado de su columna vertebral había empeorado debido a la infiltración.
La ejecución no fue correcta
La sentencia en ningún momento considera errónea la decisión de infiltrar que tomó el cirujano ortopédico. Es más, en su relato considera que «acertó» al plantear una punción en las cervicales, además de en las lumbares, ya que las nuevas pruebas diagnósticas evidenciaron que también tenía problemas en las vértebras del cuello. Ahora bien, considera que «la ejecución» de la infiltración «no fue la correcta por la falta de acierto en la maniobra». En consecuencia, entiende que este acto médico «agravó, cuando menos, la sintomatología de la que ya adolecía» el paciente.
El juez también reflexiona sobre la relación contractual entre un médico y su paciente. «Los niveles a que llega la ciencia médica son insuficientes para la curación de determinadas enfermedades. Además, no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos, de modo que siendo algunos eficaces para la generalidad, pueden no serlo para otros», resalta. En base a este principio, considera que la única obligación de un facultativo es poner todos los medios disponibles para la curación y que su actuación sea ajustada a lo que se considera una buena práctica. En este punto, el magistrado reprocha al traumatólogo la «urgencia» con que ejecutó la infiltración antes de contar con nuevas pruebas diagnósticas, además de que no le pidiera el consentimiento informado.
Por todo ello, el fallo judicial establece una indemnización de 35.500 euros para compensar al paciente -electricista de profesión- de las secuelas atribuidas a la punción, como es un dolor crónico en la zona cervical y en toda la extremidad superior derecha con pérdida de fuerza.
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