miércoles, 17 de agosto de 2016

La ceguera de la justicia (II)







Miércoles, 17 Agosto 2016 06:50   Miguel Ángel Vicente Opinion.


Terminábamos la entrega anterior en espera de que el Tribunal Constitucional Español, enmendara la plana al Tribunal Supremo respecto del Recurso de Casación interpuesto por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE), ante éste último Tribunal, contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que el derecho a ser indemnizados los afectados derivados de la ingesta de dicho medicamento, había prescrito, confirmando el Tribunal Supremo dicho criterio, por cierto, en contra de la opinión de la Fiscalía, y, por tanto, negando todo tipo de indemnización a quienes sufrieron las malformaciones físicas y psicológicas que dicho fármaco les produjo.

Ahora, el Tribunal Constitucional no ha admitido el recurso de amparo presentado por la dicha Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE) contra la dicha Sentencia del Tribunal Supremo de Septiembre de 2.015, con la expectativa  de que las víctimas de la talidomida fueran indemnizadas por las secuelas que sufren y sufrirán, de por vida, por la ingesta que sus progenitoras hicieran, para paliar las náuseas que normalmente acompañan a un embarazo, de la citada medicación de la talidomida y cuya reclamación se dirigía hacia la farmacéutica que la comercializó, la alemana Grünenthal GmbH, siendo España “el único país del mundo en el que el culpable demostrado sale libre de todo mal y toda causa”, así se manifestaba, al conocer el veredicto del Constitucional el Vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), Rafael Basterrechea. Y añade: “La Justicia Española libera de toda responsabilidad a la empresa que asesinó y mutiló a 3.000 españoles. La farmacéutica Grünenthal no sólo se ha librado de indemnizar a los que ya han muerto, sino además a los mutilados”. El Tribunal Supremo ya rechazó en Septiembre de 2.015 el recurso de las víctimas y les negó la indemnización que pidieron al laboratorio en cuestión, el cual comercializó un medicamento para embarazadas que causó malformaciones a miles de niños en la década de los años 50 y 60, por entender que la acción para la exigibilidad de dichas indemnizaciones había prescrito. El propio Barrenechea da en el clavo al calificar esta posición de nuestro más Alto Tribunal, al decir que “tú tienes que pensar que las instituciones que financias están para defenderte, luego la realidad te demuestra que los señores juristas, que viven muy bien y se van a jugar a los campos de golf, hacen lo que  quieren y defienden a quien defienden, al fin y al cabo, esos campos de golf los pagan las farmacéuticas, no los pagamos nosotros”. Y remacha asegurando que la lucha no ha sido sólo contra la farmacéutica, sino “contra un Estado inmovilista y sinvergüenza” y no le falta razón, en tanto en cuanto, en este asunto, algo habría de decir el Ministerio de Sanidad, que para aclaración de todos y que no quepa duda alguna, forma parte del Gobierno de España, y que, por acción u omisión, alguna responsabilidad tendrá también en este triste y lamentable suceso.

En cualquier caso, en este triste y lamentable suceso, repito, una vez más, la Justicia ha quedado con el culo al aire, teniendo en cuenta que las víctimas de otros muchos Estados, tales como Alemania, Japón o Australia han sido indemnizadas y muy generosamente, por cierto, o como en Canadá donde el propio Gobierno se implicó en indemnizar a las víctimas, pero, al parecer, en estos países existen unas verdaderas instituciones que cumplen, bien y fielmente con la misión y las obligaciones que les están constitucionalmente encomendadas, en aras de la defensa y protección de los intereses y los derechos de sus ciudadanos. En fin, un caso más, en el que quienes tenían la misión de hacer JUSTICIA, se han lavado las manos como las manos se lavó Poncio Pilatos, entregando a su suerte a Jesucristo ante la chusma del pueblo hebreo, y a cuyas señorías habría que espetar, que bien pudiera haber prescrito la acción para reclamar las indemnizaciones, que no parece esté muy claro, según se desprende de los autos, pero habría que recordarles que lo que sí, nunca jamás, van a prescribir son las secuelas y mutilaciones, no sólo físicas, que también, sino morales, que de por vida van a perseguir a los afectados. No queda otra vía que el recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con lo que de calvario anímico y económico va a suponer para el colectivo.

Hay que recordar, como información, que el fármaco de la Talidomida fue comercializado entre los años 1.957 y 1.963 como sedante y calmante de las náusea durante los tres primeros meses de embarazo. Provocó miles de nacimientos de bebés afectados de “focomelia”, anomalía congénita que se caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. No es de extrañar ante esta reiteración de la ¿justicia? negando la mayor a los afectados, que, además de las manifestaciones arriba señaladas expresadas por el Vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE), Rafael Basterrechea, una vez conocida la desestimación del recurso de amparo por el Tribunal Constitucional, las que manifestara, en su día, ante la Sentencia del Tribunal Supremo: “estaba en el guión, pero no lo entiende ni el que la dictó”; “estoy un poco avergonzado de ser español. Seguramente de 47 millones de españoles, solo entienden el fallo 11”; “el que tiene hace lo que quiere, y el que no tiene se aguanta”; “la lucha no ha terminado. Ahora tenemos que digerir el palo, pero nos quedan el Tribunal Constitucional y el de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que pasa es que cada vez estamos más cansados. Cada proceso son años y dinero. Al final ganaremos cuando tengamos ochenta años o hayamos muerto y cobren la indemnización nuestros hijos o  nuestros nietos”.

Como se ve el desánimo y la tristeza hizo mella entonces (ante la Sentencia del Tribunal Supremo) y la habrá hecho ahora (ante la Sentencia del Tribunal Constitucional) en el colectivo de afectados. Esperemos que en Estrasburgo corran corrientes de aire fresco y de justicia auténtica que logre mitigar, al menos económica y moralmente, a un colectivo al que parece haberle dado la espalda las Instituciones Españolas.

En verdad, que los afectados de este colectivo no merecían en su lucha haberlo hecho contra los elementos, así como manifestó Felipe II cuando la Armada Inglesa deshizo a la Invencible Española en la batalla de Trafalgar.

MIGUEL ÁNGEL VICENTE MARTÍNEZ

   17 DE AGOSTO DE 2016

http://www.albaceteabierto.es/albacete-noticias/item/19922-la-ceguera-de-la-justicia-ii
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