miércoles, 25 de febrero de 2015

El tratamiento de la hepatitis C y Big Pharma, ¿qué hacer?

francisco maciá mora 25.02.2015 | 04:30
 
La infección por el virus de la hepatitis C (VHC) supone un problema de salud pública en todo el mundo. Es un problema crónico de salud que puede tener cura. Hasta ahora los tratamientos contra el virus han sido de efectividad limitada y con importantes efectos secundarios. El progreso de la enfermedad tiene consecuencias muy graves y el cáncer de hígado es frecuente. En estos últimos meses se han desarrollado nuevos medicamentos, mucho más seguros, como el Sofosbuvir, el Simeprevir o el Daclastavir, cuya alta eficacia –entre el 80 y el 100%– hace posible pensar en la erradicación de la enfermedad.
Sin embargo, el precio puesto por las multinacionales farmacéuticas, conocidas como Big Pharma, para los nuevos medicamentos es muy alto. En concreto, el precio puesto al tratamiento con Sofosbuvir para la hepatitis C es más de 400 veces su coste real de producción. Esto impide –de entrada– el tratamiento del 90% de los 184 millones de personas afectadas por el VHC, ya que viven en países que no pueden pagar estos precios. Incluso en países mediana o altamente desarrollados los precios están impidiendo el tratamiento de las personas afectadas.
El tratamiento de la hepatitis C plantea un dilema entre el coste promovido por Big Pharma y la supervivencia de las personas afectadas. Las multinacionales farmacéuticas son un sector industrial al que los Estados protegen contra las pérdidas, y que mantiene el control sobre la investigación y sobre el precio de los medicamentos. Los defensores de Big Pharma aducen que estos precios y beneficios son una justa recompensa a sus esfuerzos e inversiones en la producción de medicinas. Sin embargo, este argumento no es cierto.
En relación con la investigación se sabe –como ha mostrado un artículo reciente en la revista PLoS Medicine– que no hay una relación entre aquello en que se investiga y las enfermedades que más lo requieren. La investigación científica no es neutral. El reciente ejemplo del ébola (INFORMACIÓN, 19/10/2014) nos ha mostrado que la investigación se ha encontrado paralizada por la falta de beneficios que pudieran ser anticipados por Big Pharma.
Por otra parte, esta industria invierte en investigación menos del 20% de sus beneficios. Pero hay que tener en cuenta que, en realidad, la mayor parte de la «investigación» de Big Pharma son pequeñas modificaciones de patentes ya existentes que se venden como medicamentos «nuevos», cuando en realidad no los son. Además, una parte importante de lo que contabilizan como «investigación» no lo es, ya que en realidad está destinada fundamentalmente, y de forma más o menos enmascarada, a introducir un producto a los médicos para que lo receten.
La mayor parte del coste de producción de un medicamento nuevo es el de la investigación básica, y esta se realiza con fondos públicos en laboratorios universitarios y gubernamentales (www.csen.com/angell.pdf). También, con fondos públicos, en una Universidad o en una pequeña empresa se acaba el diseño de un medicamento y, en Estados Unidos, desde 1980 –gracias a la ley Bayh-Dole–, este medicamento, en lugar de pertenecer a la administración que ha financiado (como ocurría anteriormente a esta ley), es patentado por una empresa (http://vientosur.info/spip.php?article9831). Cuando una gran empresa ve la posibilidad de beneficio compra la molécula o la empresa original. La gran industria, con la patente, impide la investigación y la competencia de otras empresas e impone los precios. Fue el caso del Retrovir en el tratamiento del VIH y es el caso del Sofosbuvir para la hepatitis C. En realidad, el Sofosbuvir es una modificación de los antivirales usados para tratar el VIH, creados con fondos públicos. Como en muchos otros casos, lo público se pone al servicio de garantizar beneficios privados.
India, Brasil o Sudáfrica se han rebelado contra esta apropiación empresarial de la ciencia. La presión de Big Pharma sobre las empresas de genéricos de estos países se hace notar. Recientemente –después de la decisión de India de fabricar el Sofosbuvir– el Ministerio de Sanidad español –por recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (cuya financiación, según ha informado la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, depende en un 80% de Big Pharma)– ha revocado la comercialización de diversos medicamentos genéricos de una compañía de este país negando que hubiera problemas para los pacientes.
Las grandes multinacionales y los gobiernos que se ponen a su servicio intentan imponer la ley de sus beneficios. Sus objetivos, con la ayuda de acuerdos internacionales negociados en secreto (como el TTIP o el TISA), son conseguir que los gobiernos vean muy limitadas sus posibilidades de ejercer el menor control sobre sus actividades, ver facilitado el acceso a nuevos mercados y reducir el lugar y el papel del sector público.
¿Qué hacer? Para ACDESA-PV, el objetivo es acabar con la hepatitis C y materializar la reivindicación de la plataforma de personas afectadas por la hepatitis C de un «tratamiento para todas y todos». La salud no es una mercancía. Los medicamentos deben ser considerados como un bien común. El tratamiento de la hepatitis C en todas sus fases con los nuevos medicamentos ha de ser una prioridad. La gente no puede morir prematuramente para que unos grandes accionistas aseguren sus beneficios. Para ello, se necesita garantizar el control público de la investigación, de la producción y de la venta de los productos farmacéuticos. En este camino se requiere usar los mecanismos legales existentes para saltar por encima de las patentes por motivos muy evidentes de la salud de las personas y de salud pública.
 
(*) Firman también este artículo Sheila Picorelli y Patricia Borrás en representación de la Associació Ciutadana en Defensa de la Sanitat (ACDESA-País Valencià)
 
 
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