¿Hay cura para la salud?
Más allá de la incertidumbre que han generado la intervención y los allanamientos de EPS, el gobierno se la va a jugar para reordenar el sistema de salud, que no tiene contento a nadie.El show de la salud no para. Mientras que esta semana la Policía allanó las sedes de varias EPS para buscar pruebas de cobros ilegales y los ejecutivos de SaludCoop decidieron sindicalizarse para evitar ser removidos de sus cargos -una jugada que dejó un mal sabor ante la opinión pública-, la incertidumbre entre los usuarios y el sector de la salud está creciendo.
El presidente Juan Manuel Santos denunció hace un mes la red de recobros en el Fosyga y advirtió que esa era apenas la punta del iceberg. Desde entonces los colombianos han recibido una tormenta de noticias que hoy tiene a la EPS más grande del país intervenida y, además, a la Nueva EPS (antiguo Seguro Social), Coomeva, Sánitas, Salud Colpatria y Ecoopsos, todas con más de cuatro millones de afiliados, bajo investigación aparentemente por haber tramitado recobros ilegales.
Mientras las investigaciones continúan y las actuaciones del Estado contra la corrupción y toma de control de otras EPS no están descartadas, hay una gran incertidumbre en si el gobierno sabe lo que está haciendo y lo que quiere del sistema. Incluso, cada vez hay más voces autorizadas que están planteando la necesidad de que el Estado retome el control de la salud y que cambie el régimen creado por la Ley 100 de 1993, que les dio vida a las EPS, IPS y demás siglas e intermediarios que muy pocos colombianos entienden y que poco bien le han hecho a un sistema que sigue enfermo.
A pesar de tanta incertidumbre, el ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, es categórico al afirmar que el gobierno tiene claro lo que quiere del sistema de salud y lo que está haciendo. En primer lugar, aclara que el método de aseguramiento no está en discusión, no se va a cambiar y mucho menos se piensa en regresar al esquema que operaba antes de la Ley 100. "Queremos un sistema de aseguramiento en el que los colombianos estén protegidos contra el mayor número de enfermedades, pero que funcione bien. Queremos un sistema no tan complicado, que suprima tantos intermediarios y agentes, donde los recobros dejen de tener la importancia que tienen hoy. Se requiere un control muy fuerte, en el que el usuario y el paciente sean el centro del sistema", dijo Santa María.
Sin embargo, para que el sistema actual siga se requieren ajustes y cambios importantes y urgentes, algunos de los cuales están en curso. En primer lugar, el gobierno pretende que haya menos EPS. Ahora en Colombia hay más de setenta entidades de este tipo. "Es un número absurdo, y lo que queremos es que a través de diferentes indicadores de gestión, riesgo, calidad, número de usuarios, solvencia económica y servicio queden entre 15 y 20 EPS operando. No necesariamente deberán ser tan grandes como la Nueva EPS o SaludCoop, pero no pueden seguir funcionando las que tienen entre 10.000 o 15.000 usuarios", agregó Santa María.
La gran pregunta que se hacen analistas como el economista y experto en salud Eduardo Sarmiento, es si el Estado debe tomar el control de todas o de las más grandes con el fin de garantizar la prestación de servicios, evitar cobros desbordados y regular en el mercado las actuaciones de otros actores. Lo que debe hacer el gobierno, según Germán Velásquez, experto en salud del South Centre, y quien hará parte de un grupo de expertos que se reunirá esta semana para debatir sobre el futuro del sistema, es tomar en un plazo prudencial el control de las EPS y del sistema de salud, porque si algo está claro es que las EPS, hospitales y farmacéuticas, entre otros, han impuesto sus intereses y han doblegado al Estado, que ha sido incapaz de controlar, de vigilar y de hacer prevalecer el derecho a la salud que tienen todos los colombianos.
Con SaludCoop bajo control estatal, Caprecom en crisis y las otras EPS que serán intervenidas en las próximas semanas, el gobierno tiene por primera vez en 18 años la posibilidad de reordenar el sistema desde uno de los agentes más importantes. Pensar en EPS totalmente públicas, como Caprecom, abriría otro espacio para la corrupción. Una salida puede ser lo que ocurrió con la Nueva EPS, en la que el Estado mantiene su presencia, pero les entrega la gerencia a las cajas de compensación.
El segundo paso es simplificar las normas, que ni el gobierno tiene claras, y el tercero es definir el nuevo Plan de Salud, que prácticamente no ha sido modificado desde que fue establecido a comienzos de los años noventa. Al definir el nuevo Plan de Salud, el gobierno debe decir, con la mano en el corazón, cuánto vale y si los recursos que actualmente ponen los colombianos y el Estado al sistema alcanzan o no. Además, si quedan medicamentos, tratamientos, procedimientos o insumos, deberá definir mecanismos claros y fáciles para su recobro y no permitir otra piñata de recursos como la que casi quiebra al sistema.
Otro aspecto en el que coinciden los actores del sector es que hay que desjudicializar al sistema, pues desde finales de los noventa estos empezaron a ordenar tratamientos, medicamentos y procedimientos a través de sentencias judiciales. Es tiempo de hacerles entender a los jueces y magistrados que en ninguna parte del mundo hay un régimen de salud que cubra todas las necesidades que tienen los pacientes. Los jueces deben garantizar el derecho a la vida, no a la inmortalidad, y pensar -así suene duro- que es mejor invertir 80 millones de pesos en vacunar a cientos de niños que en darle un tratamiento de última generación a una persona de 80 años que le va a alargar la vida un par de meses. O, en el peor de los casos, cuando se financia con plata de todos los colombianos una serie de tratamientos experimentales que ni siquiera se dan en Inglaterra, Canadá o Francia a sus ciudadanos. De ahí que haya un consenso general, un pacto social, en el que todos sepan lo que tienen que hacer.
Pero en el nuevo modelo debe imperar una intervención activa del gobierno, desde afuera o desde adentro, que vigile y controle, tal como ocurre para el sector financiero. Félix Martínez, presidente de Fedesalud, considera que la base está en crear de manera urgente un sistema de información independiente, que reporte en tiempo real todo lo que está pasando. Hoy, son las EPS quienes proveen la información al Estado para tomar decisiones. Y está claro que, con intereses particulares de por medio, no son muy fiables sus reportes.
Finalmente, es claro que se debe ejercer un mayor control sobre el registro, comercialización y precios de los medicamentos en el país, pues quienes mayor tajada sacaron de la piñata de recobros al Fosyga fueron los laboratorios farmacéuticos. "Hoy el Invima está tomado por esta industria con la anuencia del gobierno de Santos. Por eso sabe que si quiere enderezar el sistema de salud y retomar el poder del Estado sobre esta industria, debe hacer ajustes importantes", dijo Germán Velásquez, quien durante veinte años ha trabajado en el acceso a medicamentos en el mundo. Para atender tanta demanda, el Fosyga tuvo una adición presupuestal cercana a los diez billones de pesos el año pasado, que nunca pudo justificar.
El diagnóstico de lo que pasa en la salud está claro desde hace mucho tiempo. Lo que debe buscar el gobierno, en diálogo con los colombianos, es que el sistema de salud vuelva a tener a los pacientes como el centro de existencia y no la utilidad y el dinero como recetario. De ahí el reto que tiene el gobierno, que con sus actuaciones e intervenciones prendió una llama que apunta a crear un mejor sistema de salud, pero que, si se equivoca, puede terminar por destruirlo.
http://www.semana.com/nacion/cura-para-salud/157540-3.aspx
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