74 pacientes han tenido que ser operados en el Hospital de Reus por la alerta sanitaria causada por la empresa.
La crisis sanitaria causada por las prótesis defectuosas de la empresa Traiber ha provocado la primera víctima mortal. Una mujer de 83 años falleció por "un fallo multiorgánico en el postoperatorio inmediato" cuando le estaba siendo sustituido un implante en la cadera derecha en el Hospital Sant Joan de Reus, según consta en un informe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro sanitario al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El fallecimiento se produjo en mayo de 2017, pero no ha sido hasta ahora que ha trascendido la información. Según el mismo informe, otro paciente sufrió la "amputación de la extremidad inferior a nivel de muslo dada la gran destrucción séptica del hueso alrededor del implante", proceso que se vio favorecido por la "patología vascular de base" que sufría el paciente.
Estos son los dos casos más graves de la crisis de las prótesis de Traiber, que obligó a finales de 2014 a poner bajo vigilancia a 6.000 pacientes en España y a alertar a una decena de países a los que la empresa había exportado sus productos. El hospital más afectado es el de Reus, centro con el que Traiber había mantenido históricamente unas estrechas relaciones. Casi la mitad de los pacientes a los que les fue implantado material de Traiber en España fueron intervenidos en este centro sanitario. Un portavoz del centro afirma que el informe "forma parte del seguimiento ordenado por el juzgado, con el que se está colaborando plenamente".
La alerta sanitaria estalló cuando una exempleada de la compañía alertó a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) de las graves irregularidades que estaba cometiendo la empresaTraiber, que años atrás había gozado de cierto prestigio en el sector. Fue incapaz de hacer frente a las mejoras de la competencia y su propietario, Lluís Márquez, emprendió una peligrosa huida hacia adelante para mantenerse a flote.
Márquez ha rechazado en los últimos años ofrecer su versión a este diario sobre la gestión de Teaiber. En 2016, en su declaración ante el juez, defendió la calidad de sus productos y achacó todo el caso a una venganza de su exempleada.
Según un informe realizado por inspectores de la Generalitat de Cataluña, Traiber falsificaba documentos para poner en el mercado prótesis que no contaban con las pertinentes autorizaciones de las autoridades sanitarias. Entre muchas otras irregularidades, la empresa llegó a vender implantes que llevaban 11 años caducados.
En total, según el informe del hospital de Reus, la crisis ha obligado a reoperar a 74 personas en este centro sanitario, principalmente por "los intensos dolores y problemas de movilidad que sufrían los pacientes", según fuentes del centro sanitario. En una docena de casos, los defectos de las prótesis se hicieron evidentes al ser retiradas, como cuando se observó "la rotura espontánea de la bandeja metálica tibial" o de tornillos.
Emilio Ortiz es el abogado que representa a 42 pacientes que han decidido denunciar el caso en los tribunales. "Hay casos sobrecogedores, gente que ha pasado años viviendo con dolores terribles y casi sin poder moverse", explica. "En los próximos días, por ejemplo, irá a declarar un hombre que ha tenido que ser operado nueve veces", añade.
La petición de Ortiz como acusación particular llevó al juez del caso, Diego Álvarez de Juan, a implantar en el Hospital de Reus un protocolo por el que cada caso es sometido a una estricta vigilancia, lo que ahora ha permitido conocer las graves secuelas sufridas por algunos pacientes. "Lamentablemente, esto no es así en otros hospitales", lamenta Ortiz, que ha solicitado al juez que tome declaración a todos los pacientes que representa.
Además de los daños sufridos por los pacientes, la crisis de las prótesis de Traiber ha tenido importantes repercusiones políticas y médicas. En el primer caso, por la supuesta implicación en el caso de dos cargos del Ayuntamiento de Reus —Teresa Gomis y Marc Arza— que, según la instrucción judicial, habrían presionado a médicos del Hospital de Reus para que utilizaran las prótesis de Traiber.
En el segundo caso, una cincuentena de médicos fueron relacionados con Traiber, lo que llevó al juez del caso a interrogarles como investigados. El motivo fueron unas fichas comerciales encontradas por la Guardia Civil en la sede de la empresa en las que, en algunos casos, se detallaban comisiones ilegales y supuestos sobornos que algunos facultativos habrían cobrado por utilizar los productos de la empresa.
El juez, sin embargo, exculpó la pasada semana a la mayoría de los facultativos. Solo cinco médicos siguen encausados, tres de ellos del Hospital de Reus y dos del Santa Tecla de Tarragona. Los primeros habrían recibido todo tipo de favores —viajes, cenas, regalos...— de Traiber, mientras los otros dos no alertaron a las autoridades sanitarias cuando, meses antes de que estallara el caso, ya operaron a una paciente afectada por la mala calidad de las prótesis.
Según fuentes del caso, no ha quedado acreditada ninguna otra irregularidad por parte de los facultativos. "Las fichas comerciales parecen más un manual de lo que la empresa estaba dispuesta a hacer para vender sus productos que lo que sucedió en realidad. De hecho, pese a que Traiber tenía a muchos médicos en sus fichas, la mayoría ni siquiera llegaron a implantar sus productos".
Investigacion@elpais.es
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