Enrique Sánchez de León, Sánchez de León Abogados
Se ha festejado, y se celebra, el éxito de la gestión de la gripe A en España durante la pandemia del año pasado. El secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos, se regocija (véase EG número 510), lógicamente, de cómo se previeron, se desarrollaron y resultaron los hechos relacionados con la misma. Bien está. Pero, siendo así, no parece lo más correcto atribuir dicho éxito a la "coordinación" de todos los recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Claro que funcionaron, sencillamente porque nadie, es decir, ninguna comunidad autónoma recabó para sí las competencias que la legalidad sobre salud pública le atribuye. El miedo, o el respeto imperante ante una primera experiencia de este tipo, grave y global, pudo ser la motivación de esa colaboración leal entre Administración central y autonómica. La voluntaria integración de funciones y servicios pudo ser la razón primaria de esa conjunción, mas que esa característica fundamental del SNS (artículo 46, c) de la Ley General de Sanidad) llamada coordinación. No hay más que recordar, para admitir esa realidad, que cuando falla esa "voluntariedad" no hay legalidad que exija lógica y sensatez ante una protegida descoordinación. Véase, como ejemplo, el calendario vacunal.
Al margen de los problemas surgidos: epidemiología, definición de grupos de riesgos, extensión de la vacunación, seguridad y eficacia de las vacunas, presencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), adquisición, distribución, posturas profesionales o comunicación, interesa en estas líneas incitar a una reflexión sincera sobre qué ocurrió 'por dentro', qué papel jugó cada cual, cuáles fueron los errores y cuáles deberían ser las previsiones para que algo tan importante como una pandemia no obligue a improvisaciones que puedan ser trascendentemente dañinas.
Lo que hoy toca, dos años juntos desde la aparición en México de una nueva cepa de virus H1N1 y meses después de que la OMS anunciara extinguida la pandemia de gripe A, es señalar la convicción de muchos juristas persuadidos de que el 'mito' de la coordinación en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional (Luis Blanco de Tella, Fernando Garrido Falla, Eduardo García de Enterría...) no debe llevarnos a engaño: o la coordinación es imperativa o si la pretenden órganos sin capacidad decisoria que actúan por recomendaciones y acuerdan por consenso, "sólo por un milagro podrá obtenerse". Habrá que reconocer que obtener coordinación en el SNS ante un asunto clave para la convivencia nacional no depende de la legalidad imperativa, sino de la buena voluntad de los agentes sanitarios en cuestión. Y eso no es Derecho, sólo es política. Queda advertido a tiempo.
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