¿CUANTAS FACTURAS SANOFI AVENTIS DEL MEDICAMENTO AGREAL?

Comunidad Valenciana
Condenan a Sanidad a pagar 68 millones de euros por deudas contraídas desde 2001
Medio centenar de empresas acuden a los tribunales para recibir sus cobros.
Medio centenar de empresas, la mayoría de ellas laboratorios médicos y proveedores de productos farmacéuticos, se han visto obligadas a acudir a los tribunales valencianos para reclamar lo que es suyo: el dinero por los productos o servicios prestados a la Conselleria de Sanidad.
La factura global que la Justicia ha obligado a la Generalitat Valenciana a pagar en los últimos dos años asciende a casi 68 millones de euros.
Este importe no refleja la deuda actual de la Conselleria de Sanidad, ya que hace alusión, únicamente, a aquellas cantidades reclamadas por empresas que se han visto obligadas a acudir a los tribunales para poder cobrar. El medio centenar de sentencias han sido dictadas entre 2007 y 2008 y corresponden a la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo. No obstante, algunas de las facturas pendientes de pago estaban fechadas en 2001.
Una de las empresas que más ha sufrido por los impagos de Sanidad es Sanofi-Aventis, uno de los líderes mundiales de la industria farmacéutica. Está presente en más de 100 países, tiene mas de 80 plantas industriales. En España cuenta con alrededor de 2.000 empleados y también con 4.150 facturas impagadas por suministros a la Conselleria de Sanidad.
Según este conjunto de fallos judiciales, la cantidad más importante adeudada por Sanidad en los últimos años asciende a casi 11 millones de euros, repartidos en 1.540 facturas que fueron emitidas desde 2004.
Laboratorios Abbot es la empresa de fármacos afectada. La firma, con sede social en Madrid, se vio obligada a acudir a la justicia para poder cobrar este importe, además de los correspondientes intereses de demora.
En algunos de los casos, las reclamaciones de las empresas afectadas se refieren a las cantidades reflejadas en las facturas, pero en otras lo que se exige es el cobro de los intereses de demora. Los retrasos en los pagos por parte de la Conselleria han supuesto que tenga que desembolsar más de 26.700.000 euros por intereses. Dicho de otro modo, el precio por pagar tarde supone un gasto de un 39% más de dinero respecto al importe de los productos.
A la hora de estimar estas reclamaciones, el tribunal se fundamenta en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Uno de sus artículos establece que la Administración "tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato".Si se demorase, deberá abonar al contratista el interés del dinero incrementado en un 1,5 puntos. La fecha a partir de la cual comienzan a contar los dos meses es la que consta en la emisión de las facturas, que deberá coincidir con la entrega del suministro en cuestión.La mayoría de las sociedades afectadas producen medicamentos, pero también hay otras que se dedican a limpieza o suministran otros productos a hospitales.
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